El TSJ vasco anula un despido por una investigación informática invasiva

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en su STSJPV n.º 2111/2026, de 29 de septiembre, ECLI:ES: TSJPV:2026:3209, confirma la nulidad del despido de una trabajadora investigada por el supuesto acceso, extracción y envío de información confidencial de la empresa.

La resolución estima parcialmente el recurso de suplicación de la compañía, pero mantiene que el examen del ordenador portátil y del correo corporativo vulneró el derecho fundamental a la intimidad y el secreto de las comunicaciones. La sentencia no es firme y admite recurso de casación para la unificación de doctrina.

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La investigación alcanzó el ordenador portátil corporativo, su escritorio, las carpetas y archivos almacenados y el correo electrónico. La carta de despido, notificada el 23 de junio de 2025, imputó a la trabajadora el acceso a documentos ajenos a su actividad, su comunicación a una persona no autorizada y la creación de una carpeta con documentación empresarial.

La Sala reconoce que el empresario puede adoptar medidas de vigilancia para verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales. Sin embargo, esta facultad no es ilimitada: debe respetar la dignidad y los derechos fundamentales de la persona trabajadora.

El tribunal considera desproporcionado el examen efectuado porque se accedió al terminal, al escritorio, a los correos y a otras comunicaciones sin una delimitación temporal ni material suficiente. La actuación se desarrolló exclusivamente por responsables de la empresa y un experto informático, sin la intervención de la trabajadora ni de la representación legal de la plantilla.

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El criterio delimita así el poder de control empresarial: incluso ante sospechas de extracción o transmisión de información confidencial, la investigación debe perseguir una finalidad laboral concreta, estar previamente delimitada y reducir la injerencia a la información estrictamente necesaria. El uso corporativo del equipo no elimina automáticamente la protección de la intimidad.

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La sentencia advierte de que las políticas de uso profesional y las prohibiciones internas no permiten registros masivos del ordenador o correo corporativo. Antes de acceder al contenido, la empresa debe justificar la investigación, concretar su alcance y aplicar garantías que eviten conocer datos ajenos al incumplimiento investigado.